El Gobierno español ha propuesto una nueva política para regularizar a los migrantes irregulares, una iniciativa que contrasta con el enfoque restrictivo predominante en Europa. La medida, que se finalizará en junio de este año, permitirá a las personas solicitar la regularización si pueden demostrar un mínimo de cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre del año pasado. La propuesta coincide con la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Los requisitos incluyen acreditar la residencia mínima, no tener antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público y la seguridad. La solicitud de regularización incluye un permiso de trabajo provisional, una medida que ha sido celebrada por diferentes sectores. El decreto también permite que quienes solicitaron asilo antes de la fecha especificada opten por esta vía de regularización, acortando los tiempos de procesamiento.
La propuesta fue objeto de una iniciativa legislativa popular que reunió más de medio millón de firmas el año pasado. Actores muy diversos apoyaron la iniciativa, incluidas las principales organizaciones de la Iglesia Católica. Los empleadores y los sindicatos han celebrado el permiso de trabajo provisional, señalando que mejora la calidad del mercado laboral y evita la vulnerabilidad y los abusos.
Contexto europeo y contraste internacional
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se centra en la gestión común de las fronteras externas y la restauración del sistema de asilo. España desempeñó un papel clave en la adopción del pacto, incorporando la solidaridad con los países fronterizos mientras se compromete a un control fronterizo más estricto. Mientras que el pacto europeo rige las condiciones para cruzar las fronteras externas, establecer las condiciones para los permisos de residencia y trabajo es una competencia de cada Estado.
La medida española contrasta marcadamente con las políticas de la Administración Trump en Estados Unidos, que ha implementado políticas agresivas de identificación y expulsión de migrantes irregulares, desplazando el enfoque desde la frontera hacia el interior del país. La economía española está creciendo por encima de sus vecinos europeos, y la regularización proporciona certeza legal a una realidad social existente, facilitando la integración de empleos existentes y el crecimiento continuo de las afiliaciones a la Seguridad Social.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
